Se activaron los protocolos en dos escuelas de nuestra ciudad. Uno por amenaza de tiroteo (similares a las que se vienen replicando en toda la provincia) y en el otro caso un niño de 11 años causó temor al llevar un arma de juguete donde intervino la policía y ahora la justicia. El caos en la comunidad educativa y las advertencias desde el gobierno provincial.
Una problemática que desató en toda la provincia y también en gran parte del país, es la circulación de amenazas de tiroteos tras el gravísimo caso ocurrido en San Cristóbal, donde falleció un adolescente de 13 años. En una escuela secundaria de nuestra ciudad, se debió activar el protocolo y se envió un comunicado familiar al tomar conocimiento de escritos amenazantes.
El comunicado de la escuela: “Se está abordando la situación de acuerdo al Protocolo Ministerial vigente” y llevaron tranquilidad a la comunidad educativa». Al mismo tiempo, solicitaron a las familias reforzar el diálogo con los jóvenes para que comprendan la gravedad de estas conductas: “Ayudándolos a entender las consecuencias que pueden ocasionar en toda la comunidad educativa”.
Además, remarcaron que la institución trabaja con “escucha, orientación y seguimiento”, pero subrayaron que “hoy más que nunca es fundamental trabajar de manera conjunta, asumiendo la corresponsabilidad en la educación y cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
EL CASO DE UN ARMA DE JUGUETE EN UNA ESCUELA PRIMARIA
Además de toda la situación mencionada que se desató un verdadero caos, hoy ocurrió otro caso pero a la vez muy preocupante: un niño de 11 años llevó un arma de juguete a la escuela.
El personal educativo debió actuar, activar el protocolo de seguridad y efectivos de la Comisaría Segunda se hicieron presentes en el lugar. Además se citó a los padres del alumno involucrado. Fueron trasladados a la comisaría y en el caso tomó intervención la fiscalía de menores de la ciudad de Santa Fe. Una vez realizados los trámites legales, el niño fue restituido a sus padres. La causa podría quedar formada como «intimidación pública».
ADVERTENCIAS Y COMUNICADO DESDE EL GOBIERNO PROVINCIAL
La Provincia informó que en una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas. “No son una broma: constituyen un delito”, recordaron las autoridades. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que habrá consecuencias legales y económicas, ya que cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones y se buscará cobrárselos a los responsables. Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, convocó a fortalecer el rol preventivo de las familias y las escuelas. Enviaron comunicados a todos las familias desde cada escuela de la provincia.
